No existe mejor forma de matar a un poeta que dejar su obra en manos de los herederos. Son incontables (porque no apetece contarlos aquí) los casos en que la difusión de una obra no ha podido ser porque los herederos se oponen, siempre alegando que defienden la reputación del poeta, pero a menudo quedando claro que el problema va más por el lado del dinero.

Hoy aparece un artículo en El País que se ocupa del caso de Alberti, de quien se dice que está cayendo en el olvido por los precios excesivos que cobra la sociedad encargada de la gestión de los derechos de su obra, dirigida por su viuda. Lejos estoy de creerle nada, en temas culturales, a ese periódico, sin tener a mi lado la sombra constante de la duda acerca de sus motivos para publicar cualquier alegato, pero es verdad que el problema existe.

Quizá la mejor forma de arreglar este tipo de broncas sería creando una organización que se ocupara de los derechos y la promoción de la obra del poeta, y de su imagen, si se quiere, pero dejando a los herederos fuera, excepto en el cobro de dividendos. Si por mí fuera, 20 años después de la muerte del poeta, su obra pasaría a dominio público, siendo esa la mejor forma de garantizar su supervivencia en la memoria colectiva. O que el dominio fuera semi público directamente después de la muerte del poeta, pero con un porcentaje de los beneficios asignado directamente a los herederos: un porcentaje fijo, no negociable, que el editor estaría obligado a pagar, incluso de antemano.

Si, en cambio, lo dejamos en manos de personas que quieren demasiado dinero, o buscan que ciertos aspectos de la vida del poeta no se sepan o divulguen, estamos—y lo digo en plural porque la cultura verdadera es de todos—estamos arriesgando el olvido de las voces que pueden dar sentido a nuestras vidas, en el sentido individual y en el colectivo.

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